El Gobierno aprueba la Hoja de Ruta del Biogás

Prevé multiplicar por 3,8 la producción actual de biogás hasta 2030, reforzando la economía circular y fijando población en el ámbito rural, gracias al crecimiento de la cadena de valor empresarial

Plantea la creación de garantías de origen para el gas de origen renovable, ya en tramitación, y la posibilidad de fijar objetivos y cuotas de suministro o uso para desarrollar el mercado

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado hoy la Hoja de Ruta del biogás, disponible aquí, que identifica los retos y oportunidades del desarrollo de este gas de origen renovable y plantea multiplicar por 3,8 su producción hasta 2030, superando los 10,4 TWh.

Enfocada en la valorización de residuos (agropecuarios, industrias agroalimentarias, municipales y lodos de depuradora), impulsará el aprovechamiento del biogás por dos grandes vías: la producción de electricidad y calor útil –sobre todo para la industria–, y su utilización como biocombustible sostenible en movilidad. Se encuentra en tramitación una orden ministerial con las bases reguladoras para repartir ayudas por 150 millones de euros.

Este desarrollo del biogás, particularmente importante en el actual contexto europeo, permitirá evitar la emisión a la atmósfera de aproximadamente 2,1 millones de toneladas de CO2 equivalente al año. También servirá para reducir la dependencia energética y reforzar la economía circular, y fijará población rural, gracias al crecimiento de su amplia cadena de valor empresarial.

El uso en el transporte facilitará cumplir el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, de alcanzar una cuota de energía renovable del 28% en 2030, así como los hitos europeos de penetración de biocarburantes avanzados, que deberán llegar al 3,5% del total ese mismo año. 

GARANTÍAS DE ORIGEN Y OBJETIVOS DE VENTA Y CONSUMO

Para dinamizar el mercado del biogás, la Hoja de Ruta contempla 45 medidas concretas en cinco ejes de actuación:

1.     Instrumentos regulatorios. Se establece la creación de un sistema de garantías de origen, similar al de la electricidad renovable, para que los consumidores puedan distinguir el biogás del gas fósil convencional, poniendo en valor su origen renovable; un real decreto en tramitación contempla dicho sistema. También incluye la agilización y homogeneización de los procedimientos administrativos y la mejora de la normativa sobre residuos, para facilitar la obtención del gas renovable y el uso posterior del digerido resultante tras el proceso anaeróbico, principalmente como fertilizante.

2.     Instrumentos sectoriales. Destaca la posibilidad de establecer objetivos anuales de penetración en la venta o consumo de biogás, con cuotas de obligado cumplimiento; además, se propone fomentar su producción en zonas con abundante materia prima –donde haya explotaciones ganaderas, industria agroalimentaria o plantas de tratamiento de residuos–, junto con medidas para promover el consumo in situ, en flotas de vehículos, en usos térmicos, en la producción de hidrógeno, y la sustitución en general del gas de origen fósil, siempre que sea económicamente viable.   

3.     Instrumentos económicos. Destinar líneas de ayuda existentes para financiar la innovación y el desarrollo tecnológico del biogás y aprovechar el impulso que puede proporcionar al sector el Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que incluye ayudas al biogás.

4.     Instrumentos transversales. Buscan priorizar los proyectos de biogás en zonas de transición justa, introducirlo en pliegos de contratos públicos, divulgar sus ventajas, crear comunidades energéticas y grupos de trabajo para facilitar su implantación.

5.     Impulso de la I+D+i. Mediante el fomento a la investigación para reducir las emisiones de gases contaminantes, el impulso a proyectos de demostración de la utlización de biogás en la industria, o la promoción de la innovación en tecnologías menos maduras, entre otros.

EL BIOGÁS, UNA PRIORIDAD ESTRATÉGICA

El despliegue del biogás es una de las medidas recogidas en el PNIEC. Además, se incluye en el PRTR, dotado de los fondos europeos Next Generation, y forma parte del Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA).

En concreto, dentro de la componente 7 del PRTR, para el ‘Despliegue e integración de energías renovables’, se van a lanzar próximamente las primeras ayudas a proyectos singulares de instalaciones de biogás que contribuyan a descarbonizar distintos sectores de la economía. Estas instalaciones podrán ser de digestión anaerobia; para la producción de calor, generación de energía eléctrica, cogeneración, o producción de biometano; o instalaciones para tratamiento del digerido. Está previsto destinar un presupuesto de 150 millones para el impulso del biogás. El Proyecto de Orden por el que se regulan las bases de estas ayudas se encuentra actualmente en fase de tramitación.

Los gases de origen renovable forman parte de la solución para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y contribuyen a la consecución de los objetivos de reducción de emisiones y de penetración de energías renovables propuestos para España en el año 2030. Asimismo, el despliegue del biogás presenta numerosos beneficios medioambientales y permite crear sinergias con las industrias locales mediante su uso en localizaciones cercanas a su producción.

Este carácter estratégico se ha visto reforzado por la coyuntura internacional, el conflicto en Ucrania y la escalada de precios del gas de origen fósil, tal y como demuestra la reciente Comunicación de la Comisión «REPowerEU: Acción conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible», que contempla incrementar la ambición de los objetivos del paquete «Fit for 55» para los gases renovables producidos a partir de fuentes de biomasa sostenibles, en particular los desechos y residuos agrícolas.

Por ello, la Hoja de Ruta del Biogás contribuye a conseguir objetivos planteados en políticas transversales del Gobierno de España, como el desarrollo de la economía circular, el reto demográfico y la transición energética justa e inclusiva.

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